Los hijos de “Cabeza Branca” están con orden de captura

El juez penal de Garantía, Paublino Escobar, ordenó la captura de los imputados por lavado de dinero y asociación criminal a Rafael Pigozzo Rocha y Bruno César Payão Rocha, hijos de Luis Carlos Da Rocha, alias «Cabeza Branca», uno de los narcotraficantes brasileños más buscados en su momento en toda América Latina y quien fue detenido en julio pasado luego de estar varios años prófugo de la justicia de Brasil. Actualmente el pez gordo del narcotráfico está recluido en una cárcel del vecino país.

El magistrado ordenó, además, la prisión preventiva de los contadores Mauro Arnaldo Mereles, actual presidente del club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero; de Diosmede Aguilera; al igual que de su esposa Juana Estela Cardozo.

La imputación contra las 11 personas se dio luego de 5 allanamientos en simultáneo que se realizaron en Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Coronel Oviedo respectivamente, donde se incautaron de documentos que salpican al narcotraficante Luis Carlos Da Rocha alias «Cabeza Branca» y a sus hijos.

Además de «Cabeza Branca» y su vástagos también fueron imputados los supuestos testaferros del capo de las drogas, Liz Agustina Benítez de Arévalos, Arnaldo Luis Arévalos Sanabria, Nadir Drusila Ibarra viuda de Alves, Ramón Ibarra Velázquez, Luis Carlos Aguilera Cardozo. A más del titular del 2 de mayo, otras dos personas ya están guardando reclusión en Tacumbú.

El acta de imputación describe que con el producto o beneficio económico de las actividades ilegales como es el tráfico de droga a partir del 2004, el supuesto pez gordo del narcotráfico junto con sus hijos Rafael Pigozza Rocha y Bruno Payão Rocha habrían colocado e integrado millonarias sumas de dinero de origen ilícito en el sistema financiero, adquiriendo empresas de papel y de fachada, con la utilización de testaferros.

Según la investigación fiscal, una de las firmas creadas por Da Rocha y su hijo Payão Rocha, en el año 2004 denominada Agroganadera Santa Edwiges SA, tenía un capital social de G. 30.000 millones. La fiscal Ledesma indicó que la mayoría de las firmas fantasmas comercializaban ganado vacuno y compraban estancias. LN